Andrés Manuel López Obrador afirmó que fueron “comprados” unos cinco millones de votos por parte del PRI, antes y durante la jornada electoral por la Presidencia de la República del pasado 1 de julio.
En conferencia de prensa, el candidato presidencial del Movimiento Progresista sostuvo que se realizó un operativo masivo de compra de votos antes y durante el día de los comicios, con caso emblemático el del monedero de la tienda Soriana.
Esas tiendas, afirmó, fueron vaciadas por multitudes en el Estado de México en días posteriores a la elección.
Previo a presentar un juicio de inconformidad ante la autoridad electoral, López Obrador dijo que si bien la compra de votos se dio en todo el país, fue más acentuada donde viven los más pobres, en especial en el medio rural.
En esas áreas, dijo, se dieron los mayores niveles de participación ciudadana del país, contrario a otros procesos electorales y superior a la media nacional registrada en los actuales comicios.
Citó como ejemplo tres distritos rurales en Yucatán, donde la participación promedio fue de 86 por ciento; en Chiapas, la votación se incrementó 118 por ciento con respecto a 2006, refirió.
En un hotel capitalino, el candidato presidencial del PRD, PT y Movimiento Ciudadano sostuvo que fueron introducidas a las urnas “ilegalmente, infinidad de boletas marcadas” a favor de Peña Nieto dos días antes de las elecciones.
Se encontraron boletas en Tabasco, dijo, pero esto se repitió en varios puntos del país y de ello existe la denuncia correspondiente en la Fepade, antes del primero de julio.
AMLO basará su impugnación en 300 videos y 400 denuncias
El recurso de inconformidad que el Movimiento Progresista presentará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) demandando la invalidez de la elección presidencial consta de más 500 páginas con 300 videos con testimonios de compra del voto, 400 denuncias presentadas ante la Fiscaliza Especial de Delitos Electorales y pruebas documentales.
Con lo anterior, la coalición pretende demostrar que el PRI gastó 4 mil millones y medio de pesos en la campaña de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el extenso recurso de impugnación que será entregado al Instituto Federal Electoral para que sea remitido al TEPJF, la coalición de izquierda alega que se violaron los preceptos constitucionales, entre ellos la equidad, libertad de sufragio, la objetividad y la autenticidad del proceso electoral por parte del PRI.
El recurso legal que será dado a conocer hoy por la tarde en la conferencia que tiene contemplada ofrecer Andrés Manuel López Obrador se centra en pedir la invalidez de todo el proceso electoral por la violación al articulo 41 de la Constitución, que establece que se realizarán elecciones libres y auténticas.
Entre la larga lista de causales destacan el rebase de tope de gastos de campaña por 4 mil 599 millones de pesos, cuando el tope establecido por el IFE fue de 336 millones; el uso de dinero de procedencia ilícita por parte de los gobernadores del PRI; la utilización de encuestas como propaganda; inequidad en los medios principalmente en Televisa; la inacción del IFE para fiscalizar los gastos de campaña; el gasto en publicidad mil 173 millones de pesos; el pago de 344 millones de pesos en espectaculares, vallas, bardas e imágenes de Peña Nieto en unidades del transporte público.
También el pago de 11 millones de pesos mensuales en servicio de propaganda en mensajes telefónicos, 10 millones de pesos mensuales por anuncios en redes sociales y espacios electrónicos de medios de comunicación, 84 millones por los promocionales en las salas de cine y otros 5 millones en revistas asociadas con Televisa.
Asimismo, se contempla la acusación de que se gastaron 2 mil 294 millones de pesos con la entrega de miles de tarjetas Soriana para comprar votos y otros 400 millones en tarjetas telefónicas con la imagen de Peña Nieto.
El recurso de inconformidad también incluye la acusación de entrega de 103 millones de pesos mediante monederos electrónicos de Banca Monex para el pago de 143 mil representantes de casilla, operadores regionales y delegados.
Con base en todas estas pruebas y otras más, la coalición Movimiento Progresista sostiene que se realizó la compra y coacción del voto, se rebasaron los topes de campaña y no se respeto la equidad en medios de comunicación.
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